Ayotzinapa a 6 años: Avances, pendientes y urgencias

Dado que frente a esta herida abierta de la sociedad mexicana la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador se comprometió a garantizar la justicia y la verdad que el anterior gobierno negó, es preciso y oportuno hacer un balance sobre cómo se llega en el proceso al segundo año de este empeño, sexto de la lucha digna de las familias.

Lo primero que hay que decir es que aún no se han logrado los resultados que las madres y los padres esperan, que no son otros que los que por obligación legal el Estado tendría que asegurar: esclarecimiento pleno del paradero de todas las víctimas, principalmente; pero también sanción de los responsables de la desaparición forzada; rendición de cuentas de quienes manipularon la investigación; y garantías de no repetición. Esta triste realidad es insoslayable.

Precisamente por ello, para las familias lo fundamental es que se avance en las búsquedas de campo que permitan esclarecer el paradero, sea cual sea éste, y que se avance en las detenciones pendientes -de integrantes del crimen organizado, de policías municipales, de funcionarios estatales y de elementos de las fuerzas federales- ya que la acción de la justicia sin duda puede contribuir a romper los pactos de silencio e impunidad que hasta hoy prevalecen. Esos avances concretos son hoy, para las víctimas, más relevantes que otros posibles cambios discursivos o narrativos; de hecho, si no se alcanzan con prontitud, después de un proceso tan largo, pueden ocurrir desencuentros entre las víctimas y las nuevas autoridades.  

Dicho esto, es relevante de todos modos ponderar en su justa dimensión algunos avances de proceso que permiten mantener aún la esperanza de que en este caso no prevalecerán la impunidad y la mentira. Entre estos, desde el Centro Prodh -organización que junto con Tlachinollan, Fundar y Serapaz acompaña a las familias desde 2014- destacamos especialmente: el inicio de juicios penales contra quienes torturaron a detenidos en las investigaciones, incluyendo a altos mandos policiales y elementos de las fuerzas armadas; el inicio de juicios penales contra quienes manipularon la investigación, incluyendo a fiscales federales; y sobre todo, la identificación del resto óseo de uno de los normalistas -Christian Alfonso Rodríguez Telumbre- en un sitio diferente al lugar que las instituciones mexicanas señalaron como paradero final de todos los normalistas.

Este último paso trascendente es, para las familias, doloroso en extremo: materializa la probabilidad de que sus hijos hayan tenido un desenlace cruento, lo que solamente puede asimilarse paulatinamente; también genera zozobra, pues la investigación aún no provee respuestas contundentes sobre las circunstancias precisas en que ocurrieron los hechos. Pero, simultáneamente, el hallazgo una puerta hacia la verdad pues al tiempo que confirma cómo se les mintió, corrobora que es posible encontrar el paradero de las víctimas pese al transcurso del tiempo y la manipulación.

Más aún: en la medida en que para que esa identificación ocurriera fue indispensable que al valioso trabajo de las instituciones mexicanas se sumara el apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Innsbruck, este hallazgo confirma que México requiere urgentemente apoyo técnico internacional para enfrentar la crisis forense que vive el país, por ejemplo mediante la creación de un mecanismo extraordinario de identificación y procesamiento de restos.

En este y otros aspectos, el proceso del caso Ayotzinapa deja lecciones que deben ser replicadas extensivamente. Los pasos que se han dado en la dirección correcta son consecuencia de un modelo de trabajo sostenida en una comisión presidencial que concreta y operativiza la voluntad política de llegar a fondo; una unidad de investigación criminal a cargo de un fiscal independiente que conoce el caso; y una amplia intervención de la asistencia técnica de expertos internacionales independientes. Estos tres pilares son apuntalados con la interacción constante con los propios familiares de las víctimas y los organismos de la sociedad civil.

Reproducir y ampliar este modelo ante otros agravios irresueltos, urge hoy más que nunca. Todas las víctimas en México deberían ser tratadas con la misma dignidad, en procesos donde se avance hacia la justicia y la verdad. Eso no ocurre ahora. La crisis de derechos humanos que ha vivido México continúa y las instituciones del Estado mexicano no están alineadas hacia la atención seria y diligente de esa crisis. Basta con mirar cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfrenta una profunda crisis de legitimidad; cómo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se encuentra acéfala; cómo la Comisión Nacional de Búsqueda no incrementa su presupuesto y no termina de consolidar el mecanismo extraordinario de identificación forense; cómo la Fiscalía General de la República y las Fiscalías estatales no suscriben el protocolo homologado de búsqueda; y cómo las Fuerzas Armadas, empoderadas hoy como nunca antes, siguen siendo renuentes a rendir cuentas en casos de violaciones a derechos humanos. Todo esto al tiempo que las desapariciones o los homicidios no dejan de ocurrir, con una incidencia alarmante.

Frente a esta realidad, el principal factor de cambio frente a la crisis de derechos humanos en México sigue siendo el que conforma la acción colectiva y organizada de las propias víctimas. Así ha ocurrido en el caso Ayotzinapa y por eso, al hacer un balance de seis años, nada es más importante que reconocer el enorme ejemplo de dignidad que han dado las familias al mantenerse unidas, cohesionadas, movilizadas, luchando por amor a sus hijos todos los días hasta que haya verdad, hasta que haya justicia y, sí, hasta que la dignidad se haga costumbre.